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En el contexto de las crecientes amenazas terroristas, Uzbekistán ha desarrollado su propia estrategia con prioridad en la seguridad y el desarrollo estable, se han presentado importantes iniciativas para la seguridad regional colectiva y se ha llevado a cabo un amplio trabajo para establecer un sistema que garantice la estabilidad en la sociedad, el estado y la región de Asia Central en su conjunto. En el año 2000 se aprobó la Ley de Lucha contra el Terrorismo.

Al mismo tiempo, la transformación del terrorismo internacional en un fenómeno sociopolítico complejo exige una búsqueda continua de formas de desarrollar respuestas eficaces y requiere un enfoque revisado para desradicalizar a la población y aumentar la eficacia de las medidas preventivas.

En este sentido, en el nuevo Uzbekistán la atención se ha centrado en la identificación y eliminación de las condiciones y causas que propician la propagación del terrorismo. Estas medidas están claramente reflejadas en la Estrategia de Acciones en las cinco áreas prioritarias del desarrollo del país para 2017-2021, aprobada por el presidente del país el 7 de febrero de 2017.

El Presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, identificó la creación del cinturón de estabilidad y buena vecindad alrededor de Uzbekistán, la protección de los derechos humanos y las libertades, y la consolidación de la tolerancia religiosa y la armonía interétnica como áreas prioritarias para garantizar la seguridad nacional. Las iniciativas en estos ámbitos se basan en los principios de la Estrategia Global de la ONU contra el Terrorismo.

El examen conceptual de los enfoques de prevención y lucha contra el extremismo y el terrorismo incluye los siguientes puntos clave.

En primer lugar, la adopción de importantes documentos como la Doctrina de Defensa, las leyes "Sobre la lucha contra el extremismo", "Sobre los órganos de asuntos internos", "Sobre el servicio de seguridad del Estado", "Sobre la Guardia Nacional" ha reforzado el marco jurídico del ámbito de la prevención antiterrorista.

En segundo lugar, el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho es un componente integral de la lucha contra el terrorismo en Uzbekistán. Las medidas adoptadas por el gobierno en la lucha contra el terrorismo cumplen tanto la legislación nacional como las obligaciones del Estado en virtud del derecho internacional.

Es importante señalar que la política estatal de Uzbekistán en materia de lucha contra el terrorismo y protección de los derechos humanos pretende crear un entorno en el que estos ámbitos no entren en conflicto, sino que se complementen y se refuercen mutuamente.

La Estrategia Nacional de Derechos Humanos, adoptada por primera vez en la historia de Uzbekistán en 2020, también refleja la política del Estado con respecto a los autores de delitos terroristas, incluida su rehabilitación. Estas medidas se basan en los principios del humanismo, la justicia, la independencia del poder judicial, el carácter contradictorio de los procedimientos judiciales, la ampliación de la institución del hábeas corpus y el fortalecimiento del control judicial de las investigaciones. Mediante la aplicación de estos principios, se promueve la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial.

Al mismo tiempo, las autoridades toman medidas para garantizar la transparencia en el proceso de investigación de los casos penales con "cariz extremista". Los servicios de prensa de las fuerzas del orden colaboran estrechamente con los medios de comunicación y los blogueros.

En tercer lugar, se está realizando un trabajo sistemático de rehabilitación social, de vuelta a la vida normal de los que cayeron bajo la influencia de las ideas extremistas y se dieron cuenta de sus errores.

Se están tomando medidas para despenalizar y desradicalizar a las personas acusadas de delitos relacionados con el extremismo violento y el terrorismo. Así, en junio de 2017, por iniciativa del presidente Shavkat Mirziyoyev, se examinaron las llamadas "listas negras" para excluir de las mismas a quienes se encuentran firmemente en el camino de la corrección. Desde 2017, más de 20.000 personas han sido eliminadas de dichas listas.

En Uzbekistán existe una comisión especial que investiga los casos de ciudadanos que han estado en zonas de combate en Siria, Irak y Afganistán. En virtud del nuevo procedimiento, las personas que no hayan cometido delitos graves y no hayan participado en las operaciones militares podrán obtener un indulto judicial.

Estas medidas permitieron poner en marcha la acción humanitaria "Mekhr" para la repatriación de ciudadanos uzbekos desde las zonas de conflicto armado en Oriente Medio y Afganistán. Desde 2017, más de 500 ciudadanos de Uzbekistán, en su mayoría mujeres y niños, regresaron al país. Se han creado todas las condiciones para su integración en la sociedad: acceso a programas educativos, médicos y sociales, incluso proporcionando vivienda y empleo.

Otro paso importante para rehabilitar a las personas implicadas en las actividades extremistas religiosas fue la práctica de los actos de indulto. Desde 2017, esta medida se ha aplicado a más de 4 mil personas que cumplen condena por delitos de carácter extremista.

En cuarto lugar, se han tomado medidas para hacer frente a las condiciones que favorecen la propagación del terrorismo. Por ejemplo, en los últimos años se han reforzado las políticas de juventud y de género, y se han puesto en marcha iniciativas de educación, desarrollo sostenible y justicia social, incluyendo la reducción de la pobreza y la inclusión social, para reducir la vulnerabilidad al extremismo violento y al reclutamiento de terroristas.

En septiembre de 2019, se adoptó la Ley "Sobre las garantías de igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres". Al mismo tiempo, se están formando nuevos mecanismos destinados a reforzar el estatus social de las mujeres en la sociedad y la protección de sus derechos e intereses en el marco judicial.

Teniendo en cuenta que el 60% de la población de Uzbekistán está formada por jóvenes, considerados como un "recurso estratégico del Estado", en 2016 se aprobó la ley "Sobre la política estatal de juventud". De acuerdo con la ley, se crean las condiciones para que los jóvenes tengan oportunidad de realizarse profesionalmente, para que reciban una educación de calidad y para proteger sus derechos. En Uzbekistán, la Agencia para Asuntos de la Juventud, que en cooperación con otras ONGs trabaja sistemáticamente para apoyar a los niños cuyos padres han caído bajo la influencia de los movimientos religiosos extremistas. Solo en 2017 se emplearon unos 10.000 jóvenes de este tipo de familias.

Como resultado de la aplicación de la política de juventud, el número de delitos terroristas registrados entre personas menores de 30 años en Uzbekistán disminuyó más de 2 veces en 2020 en comparación con 2017.

En quinto lugar, dado el examen de paradigma de la lucha contra el terrorismo, se están mejorando los mecanismos de formación del personal especializado. Todos los cuerpos de seguridad que participan en la lucha contra el terrorismo cuentan con academias e institutos especializados.

Al mismo tiempo, se presta especial atención no sólo a la formación de las fuerzas de seguridad, sino también de teólogos y autoridades religiosas. Para ello, se han creado la Academia Islámica Internacional, los centros internacionales de investigación Imam Bukhari, Imam Termiziy, Imam Matrudiy y el Centro de Civilización Islámica.

La cooperación internacional está en el centro de la estrategia antiterrorista de Uzbekistán. Uzbekistán es parte de las 13 convenciones y protocolos antiterroristas de la ONU. Cabe señalar que el país fue uno de los primeros en apoyar la lucha contra el terrorismo internacional, incluida la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo.

En 2011, los países de la región adoptaron un Plan de Acción Conjunto para aplicar la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo. Asia Central fue la primera región en la que se inició la aplicación global e integrada de este documento.

Este año se cumple el décimo aniversario de la adopción de la Acción Conjunta en la región para aplicar la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo. A este respecto, el Presidente Shavkat Mirziyoyev, en su intervención durante la 75ª sesión de la Asamblea General de la ONU, presentó una iniciativa para celebrar una conferencia internacional en Tashkent en 2021 para conmemorar esta fecha histórica.

Uzbekistán participa activamente en la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS), cuyo objetivo es garantizar y mantener conjuntamente la paz, la seguridad y la estabilidad en la región. En este contexto, cabe señalar que la creación de la Estructura Regional Antiterrorista de la OCS, con sede en Tashkent, fue una especie de reconocimiento del papel protagonista de Uzbekistán en la lucha contra el terrorismo.

El Centro Antiterrorista de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) realiza una labor similar. La CEI ha adoptado un "Programa de cooperación de los Estados miembros de la CEI en la lucha contra el terrorismo y contra otras actividades violentas extremistas para 2020-2022".

Uzbekistán presta especial atención a su cooperación con la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), reforzada por programas bianuales de cooperación conjunta en la dimensión político-militar. Por ejemplo, la cooperación para 2021-2022 incluye como objetivos clave la lucha contra el terrorismo, la información/ciberseguridad y la asistencia en la lucha contra la financiación del terrorismo.

Teniendo en cuenta la evolución de las formas, los objetivos y las metas del terrorismo, Uzbekistán está adaptando su estrategia antiterrorista a los retos y amenazas contemporáneos, centrándose en la lucha por la mente de las personas, especialmente de los jóvenes, mediante la mejora de la cultura jurídica, la educación espiritual y religiosa así como la protección de los derechos humanos.

Todo esto está dando resultados. Uzbekistán se encuentra ahora entre los países más seguros del mundo. En el nuevo Índice Global de Terrorismo de noviembre de 2020, Uzbekistán ocupó el 134º puesto entre 164 Estados y vuelve a estar incluido en la categoría de países con un nivel insignificante de peligro terrorista.

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En este sentido ha señalado, apuntando expresamente a Argelia e indirectamente a España, que es su voluntad trabajar las relaciones internacionales basadas en el diálogo, la confianza y la buena voluntad. De la misma manera, ha lamentado la imagen que en algunos medios de comunicación se da de la población marroquí como tercermundista, sumida en la pobreza y dedicada, como fuente de su economía, al tráfico de estupefacientes. Más allá del rechazo de tales proyecciones, que se llevan a cabo en determinados ámbitos mediáticos, ¿pretende Mohamed VI inaugurar una etapa de distensión en las relaciones bilaterales con España?

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Por su parte, el ministro de Justicia, es un abogado de 78 años egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y exdecano del Colegio de Abogados de Lima (CAL).

Con la juramentación de los dos últimos ministros, el presidente Castillo inicia oficialmente su gestión y dentro de 30 días deberá presentar ante el Congreso al Gabinete ministerial para solicitar la cuestión de confianza.

El Consejo de Ministros peruano está liderado por el jefe del gabinete ministerial, Guido Bellido, un ingeniero electrónico de 41 años de edad procedente de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC).

Los dos nuevos ministros contribuyeron activamente en la campaña electoral como parte del equipo técnico de Perú Libre durante las pasadas elecciones del 6 de junio, que finalmente llevó a la Presidencia a Castillo para los próximos cinco años.

Históricamente, se sabe que en 1626 el imperio español desplazó una flota de buques de guerra desde Manila al extremo norte de Taiwán y estableció una pequeña colonia llamada Formosa Española. El Fuerte de San Salvador fue construido allí para contrarrestar el poder holandés en el sur de Taiwán y para salvaguardar los intereses españoles en la ruta marítima entre la provincia china de Fujian y Filipinas. Sin embargo, el imperio de España en Taiwán, después de varios años de lucha, cedió ante el mayor poder de los holandeses en la isla y abandonó Taiwán en 1642, entregando el fuerte a sus enemigos.

Según se cuenta en el documental, los españoles, además de su interés por el comercio marítimo, promovían el catolicismo desde la Península Ibérica hacia Asia. Así lo prueban por ejemplo el descubrimiento de la base de la pared de piedra de una iglesia y de una Cruz de Caravaca partida.

A juicio de la profesora de la Universidad de Cantabria, Mª Cruz Berrocal, que dirige el equipo español que participa en las investigaciones arqueológicas, la presencia de tal símbolo de origen español atestigua que en la zona habría un cementerio católico.

Pero a medida que han ido avanzando las investigaciones y se han ido desenterrando restos en la Isla Heping, se ha descubierto que la zona hay reliquias mucho más antiguas y anteriores a la llegada de los españoles, y que se remontan incluso a la prehistoria.

Debido seguramente a su excelente ubicación geográfica, los marineros que navegaban por las costa de China y de Japón fácilmente se fijaron en unas montañas redondeadas, a las que entonces llamaron “Gallinero” debido a su semejanza con las jaulas que se utilizaban para guardar gallinas. El lugar se convirtió en un identificador muy importante para la ruta que debían seguir.

Refiriéndose a la Isla Heping, la profesora Berrocal habla del “primer registro de la globalización”, porque en la zona, que bien puede identificarse como “el lugar más internacional de Taiwán”, hay huellas dejadas no solo por españoles, sino por personas procedentes de todos los continentes.

Emociona ver en el documental cómo son los propios habitantes de la Isla Heping quienes participan directamente en las excavaciones y en la recogida y limpieza de restos, y cómo así se han convertido en protagonistas de un proyecto conducente a redescubrir su propia historia.

Eso sí, no todos los seguros multirriesgo cubren este tipo de contingencias. Es necesario que contemplen una cláusula de cobertura de riesgos. “Aún así, las aseguradoras alegan que la pandemia fue un riesgo imprevisto, una especie de catástrofe natural que no deben de cubrir; la Justicia no lo entiende así y les ha condenado a pagar”, explica Navas.

El experto recomienda a todos los comercios y restaurantes afectados que exploren en sus contratos de seguro esta posibilidad. “Para muchos puede ser la única oportunidad para mantener en pie sus negocios, el servicio al público y el empleo”, concluye el socio-director de navascusi.com

Para Agustí Amorós, director de desarrollo de negocio de AIS Group, “una posible explicación para este incremento es que el volumen global de gastos por hogar se ha reducido en un 10% en el último año, por lo que el peso de los suministros, un bien esencial para el bienestar de las personas, es ahora algo mayor”.

El gasto medio de las familias en los suministros es uno de los indicadores incluidos en ODS Maps. “Se le da mucha relevancia tanto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible como en la Agenda Urbana a la hora de lograr la sostenibilidad y combatir la pobreza energética. Por ello, consideramos que es un indicador muy interesante para incorporar a las variables con las que medimos el grado de avance de municipios y regiones hacia las metas marcadas por la ONU y el Gobierno de España”, explica Amorós.

Situación por regiones

Según el estudio, algunas provincias de Castilla La Mancha, Aragón y Castilla y León, son las que en los últimos años han superado de manera más pronunciada la media nacional de gasto familiar en suministros. Así, según los últimos datos disponibles en ODS Maps, relativos a 2019, los territorios donde el peso de esta partida era mayor a nivel porcentual eran Ciudad Real (6,1%), Toledo (5,88%), Cuenca (5,78%), Teruel (5,71%) y Albacete (5,69%).

Por otra parte, las familias que pagaron más por estos suministros fueron las de Huesca, que desembolsaron una media de 1.654€. Tras ellas, las de Teruel (1.647€), Ciudad Real (1.617€), Navarra (1.615€) y Madrid (1.614€). En el lado opuesto de la tabla, están las familias canarias, con un gasto medio en agua, luz y gas por debajo de los 870€ anuales, lo que supone el 3,2% del total de sus gastos.

La electricidad, principal gasto

La electricidad es la que se lleva la mayor porción del presupuesto destinado a suministros del hogar de los españoles. Casi el 60% de lo que pagamos se va a la factura de la luz. Unos 800€ anuales de media. Si bien en comunidades como Andalucía, Murcia, Canarias y Baleares supera al 70%.

Hablando de euros, según ODS Maps las familias que registraron un gasto medio más elevado fueron las de Baleares (985€) y las de Murcia (960€). También por encima de los 900€ se quedaron las familias de Castellón (907€) y Ciudad Real (902€).

Las provincias canarias son de nuevo las que muestran el gasto medio en electricidad más bajo de España, 622€ en Las Palmas y 625€ en Tenerife. Justo por encima están Álava, donde el promedio de los hogares en luz fue de 668€, Palencia (669€) y Valladolid (686€).

Gas y agua

En lo que concierne al gas, ODS Maps revela que si bien el gasto medio a nivel nacional supera ligeramente los 275€, familias residentes en territorios como Madrid destinaron una media de 510€. Las navarras, unos 495€ y las riojanas, cerca de 475€. Completan el grupo de los que mayor desembolso realizan en gas, las provincias vascas que están entre 395€ y 400€.

Por el contrario, son las provincias canarias y las del sur peninsular las que presentan una inversión más baja para el pago de su recibo del gas. Apenas unos 45€ en Tenerife y Las Palmas, y algo menos de 110€ en provincias andaluzas como Cádiz, Málaga y Jaén.

Respecto al agua, es en Baleares donde la media de gasto es más elevada, casi 270€. A cierta distancia está Madrid, rondando los 250€, Murcia (235€) y Barcelona (215€). De hecho, las provincias del levante y los archipiélagos son en general las que presentan un gasto superior a la media española, que se sitúa ligeramente por encima de los 180€.
En este caso, el presupuesto más bajo lo registran las familias de provincias aragonesas, gallegas y castellanoleonesas. Por ejemplo, los hogares de Lugo, Zaragoza, Soria, Ávila y Ourense, gastan en agua corriente de media menos de 100€ al año.

Entre sus especialidades se encuentran la de Laboral y Derecho Comunitario de la Unión Europea, aunque maneja también el área de penal y es asesor en préstamos inmobiliarios por la AIF según la Orden ECE/482/2019.

Barceló, joven promesa del derecho y la defensa jurídica en España, realizó cursos de prevención penal en el Deporte en la Universidad de Nebrija, de Formación de Tutores de Empresa con la Cámara de Comercio Alemana y realizó un curso de Garrigues e Instituto Español de Analistas Financieros y la Fundación de Estudios Financieros sobre la revolución de las Fintech. Es experto conocedor de la actuación del perito judicial ante los Tribunales de Justicia y experto en derecho de Internet y Telecomunicaciones.

Cremades & Calvo-Sotelo es hoy uno de los más prestigiosos bufetes de abogados de España, con oficinas en otros países del mundo como Colombia, Argentina, México, Francia, Chile, Israel y Puerto Rico. Este bufete surgió al inicio de la era digital como una “boutique jurídica” en derecho de las telecomunicaciones y entiende muy bien los retos y la evolución y la transformación que la tecnologíaía ha impulsado, compartiendo grandes retos que empresas, instituciones e individuos están afrontando, poniendo a disposición un nutrido equipo de juristas de probada competencia y experiencia en las diferentes ramas del Derecho y prestando gran atención por medio de su Escuela de Abogados a las jóvenes promesas del Derecho y la Abogacía.

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